Posted on June, 05 2022

Marlon Galeano, representante legal de Ecoserranía la cual es una de las empresas de foresteria comunitaria que apoya WWF en el marco del programa de Gobernanza Forestal, asistiendo a una de las ruedas de negocios de Interzum. © Luisa Ortiz- WWF Colombia

Publicado originalmente en BIBO
Existe un mito muy popular en la conciencia colectiva campesina: el bosque estorba. Así pensaban los abuelos de Marlon Galeano, campesino del municipio de Segovia, cuando llegaron a los frondosos bosques del nordeste antioqueño. “Veíamos el bosque como un obstáculo que tocaba talar y quemar para sembrar pastos, pues la meta era hacer fincas ganaderas. Y si se usaba la madera, solo era para fines domésticos o para venderla y financiar estos proyectos ganaderos” explica Marlon.

Hoy, la conciencia popular del territorio no ha cambiado mucho: según datos del Observatorio de Bosques de Antioquia (OBA), la ganadería es el principal motor de deforestación del departamento, actualmente posicionado como el quinto más deforestado del país, según el Informe anual de deforestación (año 2020) del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Con el ánimo de cambiar esta situación, Marlon creó la Asociación Ecoserranía, dedicada a un modelo de comercio enfocado en la conservación y uso sostenible de los bosques: “con la forestería comunitaria estamos apostándole a algo innovador. Aprendimos a entender los bosques como una empresa, un aliado que tenemos a largo plazo y que si manejamos bien no se va a agotar, va a ser rentable, a generar economía y a mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades para el futuro” explica Marlon.

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La Asociación empezó con 23 afiliados. Hoy, son más de 40 campesinos que sueñan, a largo plazo, con un negocio rentable de los bosques que genere ingresos suficientes para el buen vivir de las comunidades: “que podamos decir que es mejor conservar el bosque y vivir de él que la ganadería, porque, de hecho, se necesita más terreno para la ganadería que para la forestería” añade Marlon.

Justamente, este modelo de negocio se está convirtiendo en una alternativa económica para comunidades rurales en el país. Familias campesinas en Antioquia, en la Amazonia, en el Pacífico y en Santander ven en la forestería una forma para apropiarse de sus territorios, conocer su riqueza natural, cultural y económica, y aprovechar su potencial de manera sostenible.

“La gente piensa que cuando estamos sacando madera, estamos deforestando el bosque, pero no es así, porque en realidad hay árboles que pueden ser quitados para darle paso a otros que necesitan el espacio para poder crecer. Aprender esto y ayudar al bosque es una forma de devolverle todo lo que nos ha dado. Con este trabajo, ahora somos conscientes del potencial para las comunidades vivir bien de él. Tenemos recursos, aguas y aire limpio, y un hogar. Ya no tenemos tantos problemas con cultivos ilícitos. Estamos convencidos de que este es el camino para detener la deforestación y tener un futuro con paz y esperanza en la región”, explica Marco Aurelio Zapata, representante legal de la Asociación comunitaria Coagroitilla, en Calamar, Guaviare.

Hoy su asociación hace un esfuerzo por concientizar a las personas y mejorar su situación económica, para detener los altos índices de deforestación en el municipio, una de las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), en el país existen al menos
44 iniciativas de forestería comunitaria, con un total de 31.682,27 hectáreas de bosque autorizadas
para el aprovechamiento y más de 22.442,44 hectáreas en proceso de permisos. Justamente, desde el
Pacto Intersectorial Por la Madera Legal —una alianza público privada enfocada en promover el comercio de madera legal en el país, liderada por Minambiente, WWF, Fedemaderas, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)— se desarrolla un programa de fortalecimiento para este tipo de iniciativas en temas como construcción de planes de manejo, mercado, aprovechamiento forestal y monitoreo comunitario, apoyados por la Unión Europea, GGGI, el Fondo Colombia Sostenible, el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), y los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza, entre otros.

“Este programa, establecido como una línea de acción para luchar contra la deforestación dentro del Conpes 4021 de deforestación, es una de las iniciativas que se tienen para prevenir la problemática en bosques naturales poco o no intervenidos, pues se considera que, si hay un manejo forestal sostenible con enfoque comunitario de estos bosques, las comunidades cuidarán de ellos y se prevendrá la deforestación en los territorios” dice Edgar Eduardo Mora Rodríguez, punto focal en el tema de forestería comunitaria en Minambiente.

Para Johana Herrera, Oficial de Bosques y Cambio Climático de WWF Colombia, la importancia de este tipo de programas radica en que, si no se tiene en cuenta la visión de las comunidades sobre sus territorios, la conservación no sería posible. “Un poco más del 50% de los casi 60 millones de hectáreas de bosques en el país pertenecen a comunidades étnicas o campesinas. Si ellos son quienes habitan estos bosques, ¿cómo no involucrarlos en la toma de decisiones sobre estos territorios, y no tener en cuenta sus necesidades, visiones, usos y costumbres, para enfrentar la deforestación? Este es un derecho de estas comunidades que tiene que verse expresado, tanto en la conservación natural, como en el buen vivir de estas comunidades” indica.

Asimismo, para José Miguel Orozco, profesor de política, legislación y gobernanza forestal de la Universidad Distrital, esfuerzos como este, donde se vincula la mirada comunitaria a las políticas y ejercicios de conservación, son de suma importancia y cada vez deben ser más las prácticas que vinculen ambos componentes. “En Colombia se necesita una nueva ley forestal que conciba y aplique de manera real el manejo forestal sostenible comunitario. Si el estado colombiano no involucra verdaderamente el trabajo de las comunidades dentro de su agenda política, no estaríamos en la dirección correcta para frenar la deforestación. De lo contrario, Colombia, que es un país de vocación forestal va a terminar en un desierto y contribuyendo al cambio climático” explica Orozco.

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Los retos de la forestería comunitaria

Aunque el ejercicio de aprovechar los bosques suma cada día más adeptos, todavía sigue siendo una práctica muy débil a la hora de competir con otras actividades económicas, legales e ilegales, como la ganadería, los cultivos agrícolas, la minería, los cultivos ilícitos o, inclusive, su enemigo más directo: el tráfico ilegal de madera. Según cifras del Ideam, este último es el responsable del 10% de la deforestación en el país.

¿La razón? John Jairo Manrique, Especialista Forestal de WWF Colombia, explica que vender madera ilegal en el país es relativamente fácil, pues, a pesar de que se hacen esfuerzos institucionales para generar herramientas que permitan verificar la procedencia de la madera todavía no hay una solución completa, lo que permite que haya una competencia desleal por parte de muchos vendedores informales que no pagan el precio de ser legales.

“En estos territorios es común ver que algunos mediadores o vendedores blanqueen o legalicen la madera de áreas sin permiso de aprovechamiento con resoluciones que son de otros territorios. Esto perjudica totalmente estas iniciativas, porque cuando tú pagas el costo de producir madera legal, debes buscar mercados que te paguen mejor para poder cubrir los costos de los permisos y encontrar punto de equilibrio, mientras que, si eres ilegal, puedes vender la madera a un menor precio, porque estas evadiendo estos costos en detrimento de la
sostenibilidad y permanencia de estos bosques en el tiempo” explica Manrique.

Además de este factor, existen otros motivos por lo que este negocio sigue siendo un reto en Colombia: el mismo compromiso de las comunidades, la dependencia económica de los actores comunitarios a los programas que apoyan este tipo de iniciativas, las debilidades institucionales que retrasan los permisos y la falta de vinculación con la academia hacen parte de la larga lista de situaciones que dificultan los procesos de forestería comunitaria en Colombia.

Así lo explica Juliana Zúñiga Gallego, Coordinadora del Proyecto de Asistencia técnica para la implementación del modelo de forestería comunitaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quien ve en estos componentes algunos de los grandes retos para el avance de este modelo económico en el país. “Son retos que hay que asumir si queremos ver un modelo de forestería comunitaria en Colombia que a largo plazo sea sostenible por sí solo” añade Juliana.

Pero, entonces, ¿cómo hacer de la forestería comunitaria un negocio rentable a futuro en el país? Los expertos indican que la solución está en manos de todos: en las comunidades, quienes deben apropiarse más de los procesos y verse como empresarios y no como afiliados de un proyecto; las entidades, en superar todas las debilidades estructurales que permiten los atajos que los ilegales aprovechan para blanquear la madera; las Corporaciones Autónomas Regionales, para agilizar los procesos de otorgar los permisos; la academia, para estudiar más los beneficios de las especies madereras en el país, y, por supuesto, los compradores, quienes al final ponen las reglas del juego del mercado.

“Como compradores tenemos una gran responsabilidad, pues podemos incidir en el mercado, priorizando el consumo de aquellos productos que están hechos de madera de origen legal. Debemos ser conscientes de nuestro papel en toda esta situación, pues según cifras de Minambiente, el 47% de la madera comercializada en el país es ilegal” explica Johana Herrera de WWF Colombia.

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Con ánimos de incentivar el comercio forestal legal en el país, desde el Pacto Intersectorial por la Madera Legal se han generado distintos espacios para visibilizar de este tipo de iniciativas, entre estas, su presencia en la feria Interzum Bogotá (anteriormente conocida como la feria del Mueble y la Madera), donde los emprendimientos estuvieron los cuatro días de la feria en ruedas de negocios con compradores nacionales e internacionales, con el apoyo del proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza  Forestal, ejecutado por WWF Colombia, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, financiado por el Fondo Colombia Sostenible con recursos de Noruega, Suecia, y Suiza y la administración fiduciaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se estima que, durante los cuatro días de feria, se establecieron más de 550 citas de negocios, en los que se proyectaron transacciones por valor superior a los tres millones de dólares, según cifras de Interzum.

Asimismo, con el apoyo de distintos programas como la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, financiada por la Unión Europea, el Pacto desarrolló la plataforma virtual www.elijamaderalegal.com, para que este tipo de emprendimientos puedan visibilizar sus productos en línea. Actualmente, esta página cuenta con más de 200 empresas comprometidas con la legalidad de la madera y más de 300 productos disponibles para la venta. Allí los compradores pueden encontrar empresas que vendan desde madera en bruto y madera aserrada, hasta productos forestales no maderables, muebles e instrumentos musicales.

Además, la plataforma cuenta con una sección de tienda virtual donde las personas pueden ingresar a los perfiles de algunas empresas, revisar las características de sus productos y comprar directamente desde la página.