Posted on July, 13 2021

El informe determinó que, durante 2020, se tumbaron 171.685 hectáreas de bosque –un terreno superior al tamaño de Montevideo, Uruguay, o el equivalente a 28 canchas de fútbol profesional por hora– en todo el país, lo que representa un aumento del 8% en comparación con 2019, año en el que el país perdió 158.894 hectáreas de bosque.

El 70% de la deforestación se concentró en cinco departamentos (cuatro de ellos amazónicos): Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia. Este escenario no es muy distinto al de 2019, cuando a excepción de Putumayo, Chocó entró en la lista.

Con base en esta comparación, en el 2020, Meta subió al primer puesto, con cerca de 35.556 hectáreas deforestadas; Putumayo pasó del sexto al tercer puesto, con 13.141 deforestadas, y Chocó fue el departamento donde hubo mayor reducción de la deforestación, con 2.500 hectáreas menos comparado con 2019 (8.485).

Con respecto a estos cambios en la distribución en la deforestación, especialmente para el Meta que pasó a ocupar el primer lugar, Miguel Pacheco, coordinador de Recursos Naturales y Medios de Vida de WWF, explica que puede deberse a un fenómeno conocido técnicamente como fugas, es decir que “cuando hay control en un lado, los ilegales se van para otro lado. Y así se van moviendo en el mapa. Sin embargo, los agentes de deforestación siguen siendo los mismos”.

Precisamente, entre los agentes o principales causas de la deforestación que destaca el informe están la praderización (conversión de áreas de bosque a áreas de pastos), las malas prácticas de ganadería extensiva, la extracción ilícita de minerales, la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas, la tala ilegal, los cultivos ilícitos y el desarrollo de infraestructura no planificada y sin permisos.

Sobre los cultivos ilícitos, el informe destaca que aproximadamente 12.939 hectáreas (el 7,45% de la deforestación total nacional) han sido deforestadas directamente por esta causa y que el 22,4% (aproximadamente 38.449 hectáreas) se encuentra a menos de 1 km de los cultivos de coca.

Finalmente, sobre la infraestructura no planificada o ilegal, el informe hace énfasis en uno de los casos preocupantes que sucede en este momento en la Amazonia: el desarrollo de la vía en El Camuya, que afecta tanto a la Reserva Indígena Yaguará II y el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. Según el informe, entre ambas áreas protegidas, la vía se ha adueñado de más de 49 km de ambos territorios (36 km en el PNN Chiribiquete y 16,4 km en la R.I Yaguará II), provocando grandes bloques de deforestación a su alrededor (algunos de más de 101 hectáreas.

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Sobre esto último, Pacheco añade que “el incremento de la construcción de carreteras ilegales es el primer paso para todos los procesos de deforestación, pues son las que permiten el acceso de los deforestadores o acaparadores de tierras hacia nuevas áreas”. De acuerdo con estudios de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS, 2019) el 93% de las zonas abiertas por deforestación en Caquetá, Meta y Guaviare están a menos de 2 km de un acceso vial. Esto como una clara evidencia de que, a menor distancia de las vías, mayor es el área deforestada.
 

Amazonia, la región con mayor riesgo

Como ha sucedido en los años anteriores, la Amazonia fue la región con mayor tasa de deforestación en todo el país. 109.302 hectáreas de bosque fueron deforestadas en el territorio, en comparación de las 98.256 hectáreas de bosque deforestadas en 2019, lo que demuestra un aumento de casi 11.000 hectáreas.

“En la Amazonia, la deforestación está en su mayoría conectada con un proceso de apropiación de tierras que es el síntoma de la bajísima gobernabilidad y la falta de institucionalidad en la zona. El fenómeno de la apropiación se da en varios pasos: inicia con la deforestación y luego hay dos caminos: la potrerización, con la que pasan a ejercer una actividad legal pero informal, dedicándose a la ganadería extensiva, o la vía ilegal, con la que siembran cultivos ilícitos en los terrenos. Estas actividades se dinamizaron durante la pandemia”, explica Camila Cammaert, Coordinadora Sistemas Alimentarios Sostenibles en WWF Colombia.

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Agrega que, en conclusión, la deforestación en esta región se puede explicar con que “no hay condiciones de ordenamiento, seguimiento y control, con la débil institucionalidad y, además, con la falta de alternativas económicas compatibles con la predominancia del bosque. Esto, sin duda, presenta un desafío a las distintas instancias de gobierno y presenta nuevamente un llamado a la necesidad de fortalecer estrategias para enfrentar la ilegalidad. Tiene que haber compromisos claros y avances desde los sectores productivos y privados, pero también se tiene que mejorar la gobernanza territorial en estos departamentos que, finalmente, son los más olvidados”.

Según el reporte, hay doce núcleos que representan el 67% de la deforestación nacional. De estos, cuatro se encuentran en la región Amazónica (Sabanas del Yarí-Bajo Caguán, Guaviare-Marginal de la Selva, Sur del Meta y Putumayo) y representan el 48,7% del total deforestado en el país.

En cuanto a las otras cuatro regiones, dos de ellas (la región Caribe y la región Andina) también sufrieron leves aumentos de deforestación a comparación de las cifras del 2019 —3771 hectáreas más en la región andina y 105 más en el Caribe– mientras que, en Orinoquía y Pacífico, se redujo la tasa de deforestación.

La deforestación en la pandemia

En el transcurso del 2020, varios estudios e informes pronosticaron el aumento de la deforestación en el país. Por ejemplo, un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) indicó que, en los primeros tres meses del año, la Amazonia colombiana había perdido más de 75.000 hectáreas. Asimismo, según un análisis del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) esta cifra ascendió en los primeros seis meses de 2020 a 76.200 hectáreas de bosque primario en la Amazonia colombiana, más de la mitad de la pérdida registrada en 2019 y muy por encima de los años 2015 y 2016.

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¿La razón? Los expertos responsabilizan, entre otros factores, al incremento de grupos de personas que aprovecharon las circunstancias de la pandemia y la falta de gobernabilidad en estos territorios para impulsar con mayor fuerza la tala ilegal, la apropiación de tierras, los cultivos ilícitos, la quema para sembrar pastos para la ganadería y la agricultura, y la construcción de vías para facilitar el acceso a porciones de bosques prístinos.

Por esta razón, los esfuerzos por conservar el bosque del país y sus especies deben seguir en medio de las distintas dinámicas que enfrentan Colombia y el mundo por cuenta de la emergencia sanitaria.

Según Miguel Pacheco, “estas cifras muestran que el control a la deforestación pudo haberse disminuido debido a la necesidad de invertir más recursos para la emergencia sanitaria derivada del Covid-19”.

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De acuerdo con Pacheco, “antes de esta crisis sanitaria, la deforestación mostraba una clara tendencia a la baja. Esperamos que no siga aumentando, pues se están implementando acciones para combatirla, principalmente en la Amazonia, entre el gobierno, autoridades ambientales, ONG, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y la cooperación internacional”.