Posted on marzo, 11 2021

En el Pacífico Occidental, ocho países insulares decidieron buscar mecanismos para poner fin a la pesca indiscriminada, para ello impusieron nuevas reglas de juego. Los principales beneficiados han sido las economías locales y las poblaciones de atún.

La sobreexplotación de sus recursos es una de las mayores amenazas a la que se enfrentan los ecosistemas oceánicos. La pesca indiscriminada afecta directamente la biodiversidad de las especies y los hábitats marinos. Por ello, es crucial la gobernanza responsable tanto en las zonas económicas exclusivas de los estados como en las áreas de alta mar (conocidas también como áreas más allá de las jurisdicciones nacionales–ABNJ por sus siglas en inglés).

Durante décadas, se han estudiado diferentes alternativas para lograr dicha regulación y se han creado organismos y tratados multilaterales que no han tenido el efecto esperado. Frente a este panorama, algunos actores han buscado soluciones innovadoras al problema. Una de ellas es la alianza PNA creada en 1982 por ocho países insulares del Pacífico Occidental (Micronesia, Kiribati, las Islas Marshall, Nauru, Palaos, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Tuvalu) y renovada en 2010.

¿En qué consiste esta iniciativa?

El PNA (Miembros del Acuerdo de Nauru, por sus siglas en inglés: Parties to the Nauru Agreement) es una alianza en pro de las economías de sus participantes y la explotación pesquera sostenible. A partir de la firma del Acuerdo de Nauru, los ocho países miembros son quienes deciden a qué precio, cómo y cuándo se pesca en sus áreas marítimas e, incluso, en ciertas zonas de altamar.

Bajos sus aguas transitan algunas de las mayores reservas de atún del mundo, lo que las ha puesto en el foco de las grandes pesquerías. Los miembros, cansados de la explotación indiscriminada de sus ecosistemas y las ganancias limitadas de las actividades pesqueras, decidieron aliarse e imponer unas reglas del juego.

Su principal logro fue la creación de un Plan de Días de Pesca (VDS por sus siglas en inglés: Vessel Day Scheme), que define una cantidad limitada de días al año en los que se puede pescar en las aguas de los países miembros. El número y las temporadas se acuerdan con base en el comportamiento de las poblaciones de atún. A cada Estado le corresponde un porcentaje de este total de días que pueden subastar a empresas y organizaciones pesqueras para su explotación.

La medida ha traído importantes beneficios a las economías de las islas. En 2018, la alianza reportó ingresos por 500 millones de dólares provenientes de la industria pesquera de cerco, cifra que contrasta con los 60 millones recaudados en 2010 (antes de que empezara a regir el esquema)*.

Además de las ganancias monetarias, el PNA busca proteger sus ecosistemas marinos y, especialmente, las poblaciones de atún. Las licencias que venden a pesquerías ponen como requisito no extraer en las áreas de altamar adyacentes. Así, sus miembros han logrado restringir la explotación en estas zonas comunes que, por no estar bajo la jurisdicción de ningún estado, son vulnerables a la ambición de las industrias.

El monitoreo de las actividades pesqueras también es un eje central del PNA. Desde 1982, los miembros impusieron un sistema de registro y vigilancia a todos los buques pesqueros que mantienen actividades en sus aguas. Cada uno cuenta con un transmisor de geolocalización, es vigilado por un observador y deben reportar habitualmente detalles de su pesca.

Asimismo, regularon para la extracción de atún el uso de dispositivos agregadores de peces (conocidos como plantados o FADs por sus siglas en inglés) —objetos flotantes artificiales construidos específicamente para atraerlos—pues facilitan la captura de especies vulnerables y la pesca accidental. En 2011, la organización Marine Stewardship Council, dedicada a certificar las pesquerías sostenibles en los océanos, certificó como sostenible el atún tipo listado que capturan sin el uso de FADs en las zonas marítimas de los países miembros.

Hugh Govan, investigador adjunto de la Universidad del Pacífico Sur (República de Fiyi) y experto en política pública sobre recursos marinos, destaca el éxito del PNA en el fortalecimiento de las economías de las islas y la preservación de los ecosistemas. “Por ahora no ha habido cambios ni grandes retrocesos en las poblaciones de peces del listado y en ninguna de las otras especies que se capturan dentro de la pesca industrial”, afirmó.

Los desafíos

Govan señala que parte del éxito radica en que la alianza no funciona como los organismos regionales, en los que usualmente participan más de 20 países de la región e, incluso, algunos actores de afuera interesados en la pesca como Estados Unidos y la Unión Europea.

Según el experto, en estos espacios la toma de decisiones era tortuosa. “Cada vez que se estaba cerca de un acuerdo, una mayoría votaba en contra, aunque ellos no tuvieran presencia de estos stock en sus aguas. Nunca se llegaba a un acuerdo democrático. Entonces, crearon un grupo exclusivo de los países por los que migran estos recursos pesqueros. Eso fue políticamente muy poco popular en la región”, señala. Así nació el PNA. Los ocho países que albergaban bajo sus aguas las mayores poblaciones de atún decidieron regular por su cuenta la pesca.

Esta manera de abordar el problema les ha costado dolores de cabeza. Govan señala que muchos de los países dueños de las flotas industriales están interesados en que el PNA se desestabilice, pues así podrían volver a pescar sin mayores restricciones.

Por otro lado, los planes de varios de sus miembros de crear áreas protegidas en sus zonas marítimas pueden poner en riesgo la eficacia de su alianza. Las aguas disponibles para la pesca disminuirían y, por tanto, el interés de las grandes pesquerías en comprar licencias. Según Govan, esto puede llevar a que las industrias opten por pescar únicamente en altamar, lo que representaría un gran riesgo para los ecosistemas de estas aguas.

*Cifras oficiales disponibles en PNA’s outside-the-box thinking benefits islands, improves resource sustainability

Este tema fue compartido en la segunda jornada del taller “Utilización sostenible y conservación de la diversidad biológica en ABNJ (sigla en inglés para las áreas más allá de las jurisdicciones nacionales) del Pacífico Sudeste", realizado el 5 de marzo de 2021.