Posted on enero, 07 2021

¿Cómo construir un sector pesquero sostenible y que inspire a nuevas generaciones a quedarse en su territorio? Aquí las visiones de dos jóvenes habitantes del Bajo Baudó.

Karol Barco y Junior Payán, tienen 17 y 19 años de edad, respectivamente. Viven sobre la costa pacífica chocoana, en la vereda Orpúa del municipio del Bajo Baudó. Como muchos jóvenes de su edad y origen, piensan en el futuro como la gran oportunidad para salir de su comunidad, ir a la universidad y encontrar opciones laborales que no existen donde echaron raíces sus padres.

Ese plan para el futuro les deja menos de un año para salir de esa vereda que hoy hace parte del Encanto de los Manglares del Bajo Baudó, lugar que se declaró como área protegida en 2017 bajo la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), la más amplia para las áreas protegidas y de manejo especial del país.

Esta declaración ha servido para impulsar el desarrollo sostenible de 314.000 hectáreas. También, para conservar ecosistemas estratégicos como los manglares, manguales, bosques de tierra firme, litorales rocosos y corales blandos; especies de peces, crustáceos, moluscos, mamíferos, reptiles, anfibios y aves; y la ruta migratoria de la ballena jorobada, una zona en la que se congregan tiburones y desovan tortugas como la Carey (Eretmochelys imbricata), la Verde (Chelonia mydas) y la Golfina (Lepidochelys olivacea).

Para estos jóvenes, la biodiversidad de su tierra no es suficiente para querer construir su vida allí. Entre miradas cómplices y risas, dicen con determinación que no quieren realizar las actividades a las que se han dedicado sus familias, especialmente cuando saben que la pesca no es lo que fue para sus padres o abuelos.

Esto, teniendo en cuenta que aunque la pesca es estratégica para la economía global, fundamental en la salvaguarda de la seguridad alimentaria y generador del 12% del empleo mundial (FAO), también necesita mayor inversión, diversificación exportadora e implementación de proyectos que impulsen la productividad y competitividad.

En el país, el sector pesquero genera cerca de 50 mil empleos formales y más de 201 mil informales, lo que garantiza la seguridad alimentaria de miles de personas, especialmente las de comunidades costeras en condiciones de vulnerabilidad.

Lo que dicen los jóvenes sobre la pesca no sorprende a Manuel Antonio Rivera, un pescador veterano de Pizarro con 70 años en el oficio. “Hace 10 años los jóvenes por acá ya no pescan, solo quieren meterse a deportes, al estudio y salir pa’ otras cosas”. Como él, la mayoría de los pescadores son conscientes de que en los últimos años los recursos pesqueros han sufrido grandes impactos por problemáticas como la sobrepesca, un hecho que les sirve a las nuevas generaciones para querer labrarse un camino distinto al de sus ancestros.

Impulsadas por este panorama que compromete el futuro de la zona, las mismas comunidades decidieron impulsar la creación del área protegida y la formulación del Plan de Ordenamiento Pesquero (POP), con el propósito de recuperar las especies ícticas y mejorar las condiciones del ecosistema marino. Estas estrategias, creen, contribuirían al sostenimiento de esa actividad que les ha llegado por herencia y que les ha permitido alimentarse, sostenerse económicamente y soñar con un futuro de oportunidades para sus hijos.

Actualmente, la formulación participativa de los lineamientos del POP está en proceso gracias a un convenio firmado en 2019 entre WWF y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). Con este, se han impartido talleres en la zona y se han potenciado espacios de reflexión que puedan generar cambios estructurales en las dinámicas pesqueras. “Ese ordenamiento significa tener un mecanismo de normas para desarrollar mejor la actividad pesquera y para beneficiar a las especies y comunidades”, dice Ángel Barco, funcionario de la Alcaldía de Pizarro.

A pesar de su escepticismo frente a la actividad pesquera, Karol también se ha sumado a las reflexiones para hacer parte del cambio. Sabe muy bien que cumplir las normas y proponer soluciones a distintas problemáticas puede traducirse en un beneficio futuro para su familia y las que habitan esta área protegida. “Nosotros podemos explorar alternativas productivas con los recursos que tenemos, como la preparación de cremas con pescados y cabezas de camarón”.

Júnior, por su parte, también hace sus aportes al proceso, sobre todo cuando se trata de pensar cómo hacer un mayor control para que la flota industrial no pesque dentro de la milla que por norma se estableció para la pesca artesanal, o de cumplir la prohibición del uso de mallas en las bocanas de los ríos y esteros para proteger ese bosque especial que protege la vida de cientos de especies marinas: el manglar. “Estamos muy contentos con este nuevo proyecto que nos han traído. Tal vez eso ayudaría a cambiar el pensamiento de muchos de nosotros y a conservar las especies. De esa manera tendríamos mejor calidad de vida”.

Este proceso de construcción comunitaria, respaldado por WWF y la AUNAP, sigue requiriendo medidas de control más eficientes y mayor conciencia de las comunidades, pero ya ha empezado a dar muestras de éxito. Así lo dice Karen Perea, contratista para la AUNAP en la zona, quien considera que “la pesca responsable en las comunidades del DRMI se está desarrollando por los pescadores artesanales en un 80%”.

Este escenario es alentador, sobre todo si se tiene en cuenta que de él se han desprendido iniciativas como las vedas voluntarias para la piangua, propuestas e implementadas por las mujeres que se dedican a su extracción; y la creación de una Mesa de Ordenamiento, que le apuesta a gobernanza ambiental, es decir, a la pesca responsable, la recuperación de las tradiciones ancestrales de los pueblos étnicos del área protegida y la creación de estrategias para que los jóvenes vean en su territorio un futuro próspero.