Posted on agosto, 19 2020

• Ante la posibilidad de que se materialicen los planes de explotación de oro a gran escala, la organización hace un llamado al gobierno para que se eviten proyectos que pongan en riesgo la salud, el agua y el equilibrio de ecosistemas estratégicos en el país.

• La promoción de grandes proyectos mineros va en contravía de una reactivación verde, justa y resiliente, urgente en momentos del Covid-19.

Bogotá, 19 de agosto 2020. Nunca había sido tan evidente la interconexión entre la salud humana, la economía y la naturaleza, y el enorme efecto que las intervenciones desmedidas en ecosistemas estratégicos tienen en el bienestar humano. Las acciones que se tomen hoy para enfrentar la crisis pueden ayudarnos a mitigar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y a la vez estimular una renovación socioeconómica o, al contrario, profundizarlas si no se toman las decisiones adecuadas.

Por eso, frente a la posibilidad de que se materialicen los planes de explotación de oro y otros minerales a gran escala, WWF hace un llamado urgente a las autoridades nacionales para que revisen esta estrategia y sus costos y beneficios de largo plazo. En particular, está el proyecto en inmediaciones del páramo de Santurbán, que pone en jaque la protección y conservación de este ecosistema estratégico, así como la Minera de Cobre Quebradona, propiedad de la empresa sudafricana AngloGold Ashanti (AGA), en Jericó, Antioquia, con posibles afectaciones al río Cauca y sus afluentes, entre otros ecosistemas valiosos para el bienestar de los colombianos.

En este contexto, hay que evitar la transformación de todos los páramos y demás ecosistemas estratégicos del país, de los cuales dependen servicios ecosistémicos invaluables como la producción y abastecimiento de agua de millones de colombianos.

Si bien la pandemia global del Covid-19 ha causado un nivel de sufrimiento humano incalculable en países de todo el mundo y ha golpeado amplios sectores de la economía mundial, también ha demostrado que es urgente redefinir nuestra relación con la naturaleza y buscar el camino hacia nuevos modelos de desarrollo que balanceen el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano.

WWF insiste en la necesidad de una reactivación económica verde, justa y resiliente, que tenga en cuenta las particularidades económicas, sociales y medioambientales del país. Las medidas de recuperación y reactivación deben ser integrales y encaminar la economía nacional en una trayectoria más sostenible, equitativa y que ayude en la mitigación y adaptación del cambio climático. No es momento de flexibilizar los marcos regulatorios, ni de profundizar y expandir el modelo de desarrollo basado en recursos naturales no renovables.

Por el contrario, es necesario buscar acciones basadas en la naturaleza para resolver los retos que enfrenta la sociedad mientras que eviten la pérdida de la naturaleza, restauren los ecosistemas y descarbonicen las economías y los sistemas energéticos del país de una manera socialmente justa. Es impostergable un desarrollo del país basado en los principales activos que tiene: su gente y su extensa biodiversidad.

Por ello, la promoción de grandes proyectos mineros y de explotación de hidrocarburos que ha anunciado el gobierno como una respuesta a la crisis, va en total contravía de una reactivación verde urgente en momentos del Covid-19. Promover medidas de corto plazo, como la reactivación de la explotación de oro en Santurbán, no solo representa graves e irreversibles impactos ambientales y sociales, sino que alejan al país de la oportunidad de hacer un uso verdaderamente sostenible de su capital natural.

¿Por qué la megaminería no es una opción?

Basar la reactivación económica en procesos como el fracking o proyectos de minería a gran escala, además de constituirse en un dinamizador de profundos conflictos territoriales, tiene incalculables consecuencias, en términos ambientales y sociales:

• Graves efectos ambientales: la explotación minera a gran escala tiene implicaciones a perpetuidad, no solo en la configuración del paisaje en las zonas intervenidas, sino también en la generación de permanentes drenajes contaminados, derivados de los cambios físicos y químicos que se producirán en los desechos mineros. Esto es aún más grave en la zona tropical en la que se encuentra Colombia, en donde estos cambios suceden a una velocidad mucho mayor que lo que ocurre en otras latitudes.

• No hay garantías para la participación ciudadana: los proyectos mineros en el país tienen precarios y desarticulados instrumentos de participación ciudadana que permitan que las comunidades que puedan ser afectadas directa o indirectamente por los pretendidos proyectos sean escuchadas y tenidas en cuenta al momento de la toma de decisiones. Ejemplo de esto es el proceso de la Minera Quebradona, proyecto que aún no cuenta con licencia ambiental y para la que se ha manifestado la intención de realizar las audiencias necesarias de manera virtual, lo que afecta la participación plena y efectiva de las comunidades potencialmente afectadas.

• Riesgo latente para los líderes sociales y ambientales: Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, como lo reveló recientemente la organización Global Witness. De acuerdo con sus registros, las acciones de oposición a proyectos minero-energéticos están asociados al asesinato de líderes ambientales, lo que resulta una consecuencia del modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales no renovables como la minería o los hidrocarburos.

• No existe un adecuado marco legislativo ni reglamentario para procesos mineros: si bien más del 70% de los pasivos ambientales del país son generados por actividades mineras y petroleras, el país no cuenta con un marco legislativo ni reglamentario para su gestión, ni para adecuados cierres mineros. Hoy estos pasivos son focos de contaminación y afectación a la salud y al ambiente.

• La revisión del código de minas está en veremos: desde hace nueve años la Corte Constitucional solicitó al Gobierno Nacional la revisión integral del código de minas, lo cual ha sido ratificado en diversas sentencias, para plantear de manera integral la posibilidad de un desarrollo minero articulado. Sin embargo, hasta la fecha no se ha efectuado. También se ha requerido al gobierno nacional y al Congreso de la República resolver el conflicto entre la planeación del suelo y el subsuelo, estableciendo mecanismos adecuados de articulación entre los mandatos de los gobiernos locales y el gobierno nacional, que corresponde también a una tarea no resuelta.

• La debilidad institucional ambiental permanece y no se han tomado medidas para resolverla: en el acto legislativo sobre regalías se incluyó un pequeño porcentaje para el ejercicio de la autoridad ambiental, sin embargo, este valor es insuficiente para mejorar la gestión minero ambiental, de acuerdo con los estimativos de Asocars. Además, las necesidades planteadas por la Comisión de Expertos sobre la construcción de líneas base social y ambiental como condición previa a los proyectos pilotos de fracking; el acceso a información; y el establecimiento de necesidades de identificación de capacidad institucional previa a la toma de decisión sobre esos proyectos, no se han atendido.

• Debilidad de los estudios ambientales que dan soporte a los decisiones sobre licenciamiento: es de gran preocupación que, al revisar el estudio de impacto ambiental del proyecto minero en Santurbán, los análisis hidrogeológicos o las preocupaciones sobre los cambios mineralógicos son minimizados o no se priorizan, y que se desconozca, además, a la ciudad de Bucaramanga dentro del área de influencia del proyecto, sabiendo del interés y preocupación legítima que tiene esta capital sobre lo que suceda con el proyecto minero.

• La dependencia en hidrocarburos y deforestación van en contravía de las metas climáticas: Colombia ha asumido una serie de compromisos domésticos para aportar al cumplimiento del Acuerdo de París. La deforestación y el cambio de uso del suelo son unas de las principales causas de emisiones de GEI en Colombia, así como de la pérdida de biodiversidad. Por esto incentivar los hidrocarburos como motor de nuestra economía no nos permitirá alcanzar las metas que nos hemos fijado para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2030. En este contexto preocupa, especialmente, la posibilidad de que, en los nuevos requisitos para realizar la sustracción de las zonas de reserva forestal, se incluyan actividades como proyectos de perforación de hidrocarburos y obras de explotación minera.

Por todo lo anterior, WWF insiste en su llamado al Gobierno para que tome medidas que protejan y ofrezcan medios de vida más resilientes y bajos en carbono para nuestra sociedad. Las respuestas que se tomen hoy frente a la crisis por el Covid-19 determinarán qué tan preparados estemos para enfrentar los desafíos futuros.