Posted on julio, 20 2020

 

• La infraestructura vial, legal e ilegal, en la Amazonia colombiana es una de las principales causas y agentes de la deforestación nacional.
• FCDS, WWF-Colombia y Moore Foundation han trabajado desde 2015 en el desarrollo de criterios de planificación, ambientales, sociales, económicos y de ingeniería en la construcción de vías, para evitar que se generen impactos negativos o para mitigarlos o compensarlos, en apoyo a los Gobiernos nacional y regionales.

 
El desarrollo de infraestructura vial en la Amazonia colombiana ha sido uno de los factores directamente relacionados con la deforestación. Así lo asegura el IDEAM (2018), en su Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional período 2005-2015, en el que se señala que el 43% de la pérdida de bosque en la Amazonia se ubicó a menos de 1 km de una carretera. En esa misma dirección, estudios de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS, 2019) afirman que el 93% de las zonas abiertas por deforestación en Caquetá, Meta y Guaviare están a menos de 2 km de un acceso vial. Esto como una clara evidencia de que, a menor distancia de las vías, mayor es el área deforestada.
 
La construcción de vías se relaciona con la necesidad de brindar soluciones como la conectividad, el comercio o el acceso a diversos servicios de las poblaciones humanas, buscando impactos positivos para el desarrollo social. Por su parte, la deforestación que se asocia a las vías y que conlleva impactos negativos en muchos aspectos, se explica porque, además del daño sobre la base natural que puede generar su construcción e infraestructura asociada, estas obras se integran a una situación social, política y económica más compleja que incluye actividades ilegales o no reglamentadas, como la ampliación de la frontera agropecuaria o el acaparamiento de tierras en baldíos de la Nación, en áreas protegidas o en resguardos indígenas.
 
Un ejemplo palpable de la relación entre vías y deforestación ocurre en el Resguardo Nacional Natural Nukak, al oriente del departamento del Guaviare, donde en sobrevuelo realizado por el director de FCDS Rodrigo Botero el 16 de marzo de este año, se descubrieron más de 20 incendios ubicados a lo largo y ancho del Arco Noroccidental del Amazonas. Actualmente, en la zona, se vienen consolidando tramos viales desde los cascos urbanos de El Retorno y Calamar, hasta la vereda de La Paz y rumbo a Miraflores, lo que promueve altas tasas de deforestación en el territorio.
 
Es claro que el transporte y la conectividad son muy importantes, pero también es fundamental que, en áreas de especial importancia ecológica, dicha infraestructura sea el resultado de procesos integrados al ordenamiento territorial y ambiental; a las condiciones de tenencia y el uso de la tierra, y a procesos que consideren los riesgos y las repercusiones que su desarrollo tendrá en la población y en el medio ambiente, a fin de que no se constituyan como un detrimento del patrimonio natural del país. De lo contrario, como explica María Alejandra González, Oficial Empresarial de Mitigación Cambio Climático de WWF-Colombia, los territorios no solo podrían ser afectados por la deforestación relacionada con la construcción de carreteras, sino que ésta, a su vez, podría dar paso a otras amenazas para los ecosistemas como la explotación ilegal o no controlada de recursos naturales, como madera y minerales. Además, estas carreteras podrían proporcionar acceso a zonas anteriormente no intervenidas, acelerando el establecimiento de asentamientos humanos no planificados.
 
Rodrigo Botero ha explicado que, desde antes de iniciar un proyecto vial, el valor de la tierra en áreas adyacentes aumenta, lo que a su vez impulsa la especulación y la deforestación para establecer y mantener la tenencia de la tierra. “Desde que un proyecto de estos sale, la gente conoce los futuros trazados, y como no hay un proceso de legalidad de predios, se genera un proceso de invasión y de valorización económica para quienes se adueñen de los terrenos. Solo con eso se promueve la deforestación”, agrega.
 
Trabajar en esta problemática es una de las estrategias para resguardar la región amazónica, reconocida como uno de los tesoros naturales irremplazables para el país, la región y el mundo, gracias a su biodiversidad, su papel como despensa de agua dulce, alimentos y energía y su importancia para la regulación del clima mundial.
 

Un esfuerzo para tener proyectos sostenibles

 
Teniendo en cuenta esta problemática, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Trasporte, con el apoyo de FCDS y WWF-Colombia, han trabajado desde el año 2015 en la elaboración de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial. Son una serie de criterios que incluyen consideraciones ambientales, sociales, económicas y de ingeniería, encaminados a orientar la estructuración de planes, programas y proyectos de infraestructura carretera, con el fin de que contemplen consideraciones ambientales, desde las etapas más tempranas de su planificación. Además, la idea es que también incorporen medidas de localización, trazado, diseño, ingeniería y manejo destinadas a garantizar que la ejecución de estos genere un beneficio ambiental neto positivo.  
 
De acuerdo con Mauricio Cabrera Leal, Asesor de WWF-Colombia y Coordinador del proyecto en esta organización, la implementación de las acciones recomendadas en los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (LIVV), y el debido acompañamiento en la ejecución de las obras y acciones propuestas, disminuirá los impactos negativos de la infraestructura vial. Indica además, que hay una variedad de guías, normas técnicas e instrumentos de ordenamiento, de competencia de diferentes entidades, que pueden incorporar acciones de la guía, disminuyendo los costos de construcción y mantenimiento de carreteras y previniendo la generación de desastres que obstaculizan el tránsito normal, especialmente en épocas de invierno.
 
Estos lineamientos están basados en la jerarquía de mitigación de impacto (evitar, prevenir, mitigar, corregir y/o compensar), de manera que puedan estar previstos en los procesos desde las etapas tempranas de desarrollo del proyecto.
 
En otras palabras, los lineamientos de infraestructura verde son pautas de planificación y técnicas que buscan resolver las actuales limitaciones institucionales, ambientales y sociales, para lograr una infraestructura más sostenible y que apoye el desarrollo nacional y local, manteniendo al mismo tiempo la integridad de los bosques y los ecosistemas. Estas directrices aportarán también a solucionar conflictos de uso de la tierra y a afianzar la participación social y la gobernanza.  
 

¿Cómo lo haremos?

 
1. Con un trabajo constante con la institucionalidad pública y privada competente, que permita la adopción de los lineamientos de Infraestructura verde.
 
WWF y FCDS apoyarán al Comité Interministerial entre los Ministerios de Transporte y Ambiente para definir los mecanismos apropiados de adopción de los lineamientos, y proporcionarán recomendaciones de política y/o reglamentarias para permitir su aplicación a mediano plazo.
 
2. Con una incidencia en el sector financiero público y privado, nacional e internacional, para lograr que los lineamientos de Infraestructura verde vial pertinentes, se constituyan en salvaguardas que prevengan la financiación inapropiada de proyectos viales que promuevan la deforestación.
 
3. Poniendo en práctica un caso piloto de los lineamientos de Infraestructura verde vial en la región del Amazonas, específicamente en el departamento del Guaviare en el tramo San José del Guaviare – Calamar y en la vía Perimetral de La Lindosa.
 
La aplicación participativa de los lineamientos de Infraestructura verde vial proporcionará ajustes, recomendaciones y garantizará que estas pautas sean prácticas y aplicables. El proyecto piloto generará información técnica para considerar las principales variables ambientales, sociales y económicas aplicables, reducir al mínimo los riesgos y evaluar el proceso de adopción de decisiones. Este proceso sobre el terreno se llevará a cabo con instituciones públicas nacionales y regionales clave, comunidades locales e indígenas y organizaciones de base comunitaria.